Connect with us

Perú

Perú: Más de mil funcionarios y servidores del Estado fueron beneficiados con víveres destinados para familias pobres

Published

on

Productos son destinados para familias vulnerables por la emergencia sanitaria del COVID19. | Foto: Difusión.

El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que las labores de supervisión realizadas por la Contraloría permitieron detectar que más de 1,100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias en condiciones vulnerables para ayudarlos a afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“A pesar que algunos de estos funcionarios ganan más de S/ 8,000 soles, han recibido sus canastas de víveres, evidentemente eso es parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena. Sin embargo, quiero hacerles notar que desde abril del año pasado, la Contraloría ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por tanto todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias”, enfatizó.

Estas declaraciones las brindó durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

Precisó que este hallazgo fue detectado gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.

Durante su intervención ante la comisión, el Contralor General presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 y las acciones que se están realizando en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el gobierno peruano.

Shack Yalta indicó que en lo que va de la emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19, se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).

Parte de esos informes corresponden al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres para familias vulnerables, donde la Contraloría ha visitado un total de 946 municipalidades y se han detectado deficiencias en distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos por las autoridades ediles.

Otras acciones

Como parte de este plan, mencionó que están en proceso la ejecución de servicios de control a instituciones como la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), y próximamente se iniciarán intervenciones a la supervisión de la gestión de residuos sólidos biocontaminados, a cargo del Ministerio del Ambiente y gobiernos regionales; a los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a las ferias itinerantes para venta de productos agrícolas que realiza el Ministerio de Agricultura y Riego.

En el caso de la ATU, Shack Yalta mencionó que los servicios de control se centran en la limpieza y desinfección de unidades de transporte público, para lo cual la ATU recibió un presupuesto de 50 millones de soles, y en la primera visita se pudo observar que las condiciones en que se realiza dicho servicio no son las adecuadas, por lo tanto no garantizarían que las unidades sean correctamente desinfectadas.

Asimismo, refirió que los auditores de la Contraloría, provistos de equipos de bioseguridad, supervisaron las áreas asignadas a la atención de pacientes con COVID-19 en cerca de 100 hospitales y establecimientos de salud en todo el país, en el marco del control concurrente a la emergencia sanitaria por la expansión de la pandemia del coronavirus en el Perú.

“Entre los aspectos evaluados en los hospitales visitados se pudo constatar que el principal problema o carencia se centra en la cantidad de profesionales de la salud de cada establecimiento supervisado, con el fin de coadyuvar a la oportuna y adecuada atención de los pacientes sospechosos o confirmados con el COVID-19”, comentó.

Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, precisó que los auditores verificaron las áreas COVID-19 de los hospitales, supervisando la capacidad de los hospitales y la prestación del servicio de salud en esta emergencia sanitaria.

En esa línea tomaron en cuenta siete (7) aspectos como son: el área de triaje, la implementación de salas de aislamiento, la disposición real de los profesionales de salud, la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP) a los profesionales de la salud, las condiciones y protocolos de traslados de pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento biomédico y el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Toda esa información va a revelar cuantitativamente la percepción que todos ustedes seguramente ya tienen por todo lo que acontece en el país. La situación que vimos hace casi dos meses no ha cambiado sustancialmente y por eso, en muchos casos y regiones, el sistema de salud está a punto de colapsar”, dijo a los congresistas.

Iniciativas legales

Asimismo, el Contralor General recordó ante la comisión la necesidad de aprobar los dictámenes favorables del proyecto de ley N° 29622, cuyo objetivo es tipificar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, la cual fue reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia publicada el pasado 26 de abril de 2019.

También planteó aprobar una iniciativa legislativa para eliminar la figura de subcontratación en situaciones de emergencia, para lo cual se debe impedir que el proveedor que resultó ganador de un proceso subcontrate a otro que participó en el mismo proceso competitivo, evitando así la monopolización de los bienes y servicios, así como también preservando la libre competencia en aras de cautelar la eficiencia en los bienes o servicios contratados.

Shack Yalta también propuso prohibir la contratación de empresas que no tengan el giro de negocio de lo solicitado en los términos de referencia de cualquier proceso de adquisición pública.

“Sería importante establecer una prohibición en la Ley de Contrataciones para que las empresas que participen en cualquier proceso se encuentren dedicadas a actividades del rubro solicitado en los términos de referencia o requerimientos, lo cual va a permitir contar con empresas con experiencia y responsables para cumplir con la finalidad solicitada, evitando contratar, por ejemplo, para un servicio de desinfección de oficinas a una empresa que vende alimentos y bebidas, por poner un ejemplo”, dijo.

Perú

Más de 214 mil hogares pobres no fueron incluidos en el bono “Yo me quedo en casa”

Published

on

Los más pobres se quedaron sin bono del Estado Peruano. | Foto: Difusión.

Como resultado de un amplio servicio de control, la Contraloría General determinó que 214,758 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional no fueron incluidos en el Padrón de los Hogares Beneficiarios (PHB) del subsidio monetario de S/ 380.00 otorgado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, sin embargo, se incluyó a 68,932 hogares a los que no les correspondía recibir dicho beneficio.

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 019-2020-OCI/5788-SCC, la comisión auditora evidenció que al 16 de marzo de 2020 -fecha de corte del Padrón General de Hogares (PGH) que es el insumo principal para la elaboración del padrón de hogares beneficiarios- los hogares no incluidos en éste último padrón sí cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), correspondiendo que se destine S/ 81’ 608,040 para su atención.

Por otro lado, en el PHB sí se consideró a hogares que superaron los umbrales de consumo de energía eléctrica, por lo que no les correspondía la clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos, lo que implicó que se destinaran S/ 26´194,160.00 para su atención. Hasta el 28 de abril último, se advirtió que 42,772 responsables del cobro en esos hogares cobraron el subsidio, lo que representa S/ 16´253,360.00.

Es de precisar que el padrón de beneficiarios del subsidio monetario extraordinario de S/ 380.00 aprobado por el Midis comprende un total de 2´749,091 hogares beneficiarios.

Cabe señalar que a través del Decreto de Urgencia N° 027-2020 publicado el 16 de marzo de 2020 se autorizó el otorgamiento excepcional y por única vez del referido subsidio a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema.

Otros hechos adversos

La Contraloría también identificó que 965 hogares tuvieron como responsable del cobro del subsidio monetario a personas que percibieron ingresos entre octubre de 2019 y febrero de 2020, según las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que no deberían estar incluidos en el padrón de beneficiarios. Ello ocasionó que se destinaran S/ 366,700 para la atención de dichos hogares. En este caso se verificó que, al 28 de abril último, 123 responsables cobraron el subsidio monetario, lo que equivale a S/ 46,740.

La comisión auditora advirtió además que 543 hogares tuvieron como responsables del cobro del subsidio a una persona fallecida, y que en atención a los criterios establecidos por el Midis no correspondía asignar a otro integrante del hogar por tratarse de hogares unipersonales o quedaba constituido solo por menores de edad, lo que generó que se destinen S/ 206,340 a hogares que no corresponden o no pueden efectivizar el cobro. En este caso, se verificó que al 28 de abril, siete personas cobraron el subsidio, lo que equivale a S/ 1,960.

En tanto, 238 hogares están incluidos en el Padrón de Hogares Beneficiarios pese a que no debieron tener la clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos porque sus integrantes percibieron entre octubre de 2019 y febrero de 2020 ingresos per cápita que superaban los umbrales establecidos en la metodología que determina dicha clasificación. En este caso, se verificó que 43 responsables del cobro de dichos hogares cobraron el subsidio, lo que representa S/ 16,340.

La Contraloría identificó también que se utilizó como base principal para la elaboración del Padrón de los Hogares Beneficiarios (PHB) un Padrón General de Hogares (PGH) con deficiencias en la aplicación de la metodología e inconsistencias de orden técnico. Los factores que fueron considerados en la evaluación están relacionados a la afiliación a seguros de salud privados, tenencia de vehículos, ingresos del hogar, consumo en  servicios de electricidad y el cálculo del índice de focalización de hogares. Cabe precisar que el PGH contiene la clasificación socioeconómica de los hogares

Finalmente, el informe evidencia que Midis no establece en su normativa vigente la obligatoriedad y periodicidad con la que debe realizar el cruce de información del 100% del PGH con la data de fallecidos del Reniec para la actualización de los datos de los integrantes de los hogares.

El informe, cuyo periodo de evaluación comprende del 7 de mayo al 18 de junio de 2020, fue notificado al titular del Midis para que adopte las acciones correctivas correspondientes a fin de contribuir a garantizar la finalidad pública del Decreto de Urgencia Nº 027-2020 a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema.

Programa Juntos

Por otra parte, en el servicio de visita de control desarrollado al proceso de entrega del subsidio monetario de S/ 380.00 por parte del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos”, ejecutado del 22 de abril al 29 de mayo de 2020, se identificaron las siguientes situaciones adversas:

  • No se acreditan las gestiones ante el Midis para decidir sobre los 74,261 beneficiarios que no han cobrado el importe total de S/ 28´219,180, ni tampoco se evidencia que se hayan realizado actividades previas, formales y documentadas con las entidades financieras para viabilizar el oportuno pago.
  • Limitada coordinación del Programa Juntos con el Midis ocasionó el establecimiento de un cronograma de pago ajustado, lo que habría restringido que los beneficiarios del subsidio puedan efectivizar el cobro desde el primer día programado.
  • No se emitieron lineamientos operacionales oportunos para el otorgamiento del subsidio, ni protocolos de atención a los beneficiarios, lo que no coadyuvaría a las medidas adoptadas por el Estado ante la emergencia.

Los referidos hechos identificados se encuentran en el Informe de Visita de Control N° 032-2020-OCI/5512-SVC, el cual ha sido notificado al titular del Programa Juntos para que adopte oportunamente las acciones correctivas correspondientes.

Continue Reading

Perú

Nelson Shack: Corrupción en Perú ocasiona pérdidas anuales de 23 mil millones de soles

Published

on

Nelson Shack Yalta, contralor del Perú. | Foto: Difusión.

La corrupción y la inconducta funcional siguen afectando a las labores del Estado y a todos los ciudadanos, quienes esperan acceder adecuadamente a los servicios y obras públicas, y en el año 2019 ocasionaron pérdidas al país por aproximadamente 23,000 millones de soles, anunció el contralor general Nelson Shack.

“El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema, es una corrupción estructural. Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y solo en el 2019 se estima que esta ascendería a más de 23,000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado, esa sería la pérdida que habríamos tenido todos los peruanos por problemas de inconducta funcional y corrupción”, indicó esta mañana el titular de la Contraloría General.

Explicó que dicho monto equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público del año pasado, y esa situación debe impulsar, entre otros aspectos, cambios a los reglamentos para la ejecución de obras para “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.

En ese sentido, recalcó que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin importar la función o el nivel jerárquico. “La ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”, afirmó enfáticamente.

Reactiva Perú

Consultado sobre el programa “Reactiva Perú”, que otorga garantías del Estado a créditos bancarios para empresas, indicó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) iniciará un servicio de control a dicha entidad para verificar si ha salvaguardado con velar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios de los préstamos.

“Una de las preocupaciones que ya hemos transmitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una orientación de oficio que se comunicó hace un par de semanas es precisamente saber qué medidas va a aplicar para garantizar el cumplimiento del objetivo del programa, que es promover el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores, asegurando la continuidad de la cadena de pagos en la economía peruana”, comentó.

Asimismo, adelantó que la Contraloría acompañará la ejecución del nuevo programa del Ejecutivo denominado “Arranca Perú”, con el objetivo de propiciar un adecuado uso de los recursos que se destinarán a dicha iniciativa, la cual busca impulsar la inversión pública en los sectores de Transportes, Vivienda, Agricultura y Trabajo.
El contralor general Nelson Shack consideró importante que la segunda etapa de Reactiva Perú focalice más recursos a microempresas y se cumplan obligaciones con trabajadores. “Reactiva Perú debe beneficiar a aquellas empresas que más requieren del apoyo del Estado” señaló durante su intervención.

Servicios de control a reguladores

El titular de la Contraloría reveló que próximamente se estarán acreditando diversas comisiones de auditores para supervisar el nivel de cumplimiento del rol de supervisión que realizan los organismos reguladores sobre el mercado privado.

“Nosotros nos podemos intervenir sobre el sector privado y es que el Sistema Nacional de Control tiene un ámbito exclusivo sobre el sector público. Sin embargo, ello no limita que también supervisemos el trabajo de los reguladores y esa es una nueva estrategia de control, que junto con la del COVID-19, vamos a desarrollar desde julio próximo”, mencionó.

En otro momento se refirió a las denuncias respecto de la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre supuestas autorizaciones ilegales para el funcionamiento de universidades privadas. Al respecto, el contralor general Nelson Shack mencionó que también se atenderán intensamente esta y otras situaciones en el marco del control gubernamental.

Finalmente, Shack Yalta agregó que en el marco de la Ley N° 31016, que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Contraloría ha desarrollado más de 5,500 informes de control correspondientes a diversos sectores como Salud, Educación, Transportes, entre otros, y en los cuales se han identificado situaciones adversas e irregularidades que han sido comunicados a las respectivas entidades para la adopción de medidas correctivas inmediatas.

“Ahora vamos a empezar una segunda etapa de la estrategia de control por la emergencia COVID-19 que es la del control posterior, es decir identificar individualmente a los funcionarios responsables de las distintas irregularidades en la vía administrativa, civil y penal a propósito de toda la información que hemos desarrollado durante los más de 5,000 informes de control”, comentó.

Continue Reading

Perú

Funcionarios de la Contraloría reducen sueldos para apoyar emergencia por COVID-19

Published

on

Convencidos de la importancia de la solidaridad entre los peruanos en este momento difícil para el país, y en el marco del reciente pronunciamiento de los organismos autónomos, más de 140 directivos y funcionarios de la Contraloría General voluntariamente decidieron autorizar un descuento temporal de sus remuneraciones y donar lo recaudado para atender urgentes necesidades de pacientes afectados con la COVID-19.

La reducción voluntaria de los sueldos de los directivos y funcionarios de la Contraloría se concretará en junio, julio y agosto del 2020 y el monto del descuento será el equivalente será de entre 10% y 20%, de acuerdo a sus categorías y niveles remunerativos.

La Contraloría General de la República reitera, en esta pandemia, su profundo compromiso de seguir trabajando por un adecuado uso de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos.

Continue Reading

Lo Nuevo

Facebook

Trending