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Perú

Más de 214 mil hogares pobres no fueron incluidos en el bono “Yo me quedo en casa”

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Los más pobres se quedaron sin bono del Estado Peruano. | Foto: Difusión.

Como resultado de un amplio servicio de control, la Contraloría General determinó que 214,758 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional no fueron incluidos en el Padrón de los Hogares Beneficiarios (PHB) del subsidio monetario de S/ 380.00 otorgado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, sin embargo, se incluyó a 68,932 hogares a los que no les correspondía recibir dicho beneficio.

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 019-2020-OCI/5788-SCC, la comisión auditora evidenció que al 16 de marzo de 2020 -fecha de corte del Padrón General de Hogares (PGH) que es el insumo principal para la elaboración del padrón de hogares beneficiarios- los hogares no incluidos en éste último padrón sí cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), correspondiendo que se destine S/ 81’ 608,040 para su atención.

Por otro lado, en el PHB sí se consideró a hogares que superaron los umbrales de consumo de energía eléctrica, por lo que no les correspondía la clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos, lo que implicó que se destinaran S/ 26´194,160.00 para su atención. Hasta el 28 de abril último, se advirtió que 42,772 responsables del cobro en esos hogares cobraron el subsidio, lo que representa S/ 16´253,360.00.

Es de precisar que el padrón de beneficiarios del subsidio monetario extraordinario de S/ 380.00 aprobado por el Midis comprende un total de 2´749,091 hogares beneficiarios.

Cabe señalar que a través del Decreto de Urgencia N° 027-2020 publicado el 16 de marzo de 2020 se autorizó el otorgamiento excepcional y por única vez del referido subsidio a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema.

Otros hechos adversos

La Contraloría también identificó que 965 hogares tuvieron como responsable del cobro del subsidio monetario a personas que percibieron ingresos entre octubre de 2019 y febrero de 2020, según las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que no deberían estar incluidos en el padrón de beneficiarios. Ello ocasionó que se destinaran S/ 366,700 para la atención de dichos hogares. En este caso se verificó que, al 28 de abril último, 123 responsables cobraron el subsidio monetario, lo que equivale a S/ 46,740.

La comisión auditora advirtió además que 543 hogares tuvieron como responsables del cobro del subsidio a una persona fallecida, y que en atención a los criterios establecidos por el Midis no correspondía asignar a otro integrante del hogar por tratarse de hogares unipersonales o quedaba constituido solo por menores de edad, lo que generó que se destinen S/ 206,340 a hogares que no corresponden o no pueden efectivizar el cobro. En este caso, se verificó que al 28 de abril, siete personas cobraron el subsidio, lo que equivale a S/ 1,960.

En tanto, 238 hogares están incluidos en el Padrón de Hogares Beneficiarios pese a que no debieron tener la clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos porque sus integrantes percibieron entre octubre de 2019 y febrero de 2020 ingresos per cápita que superaban los umbrales establecidos en la metodología que determina dicha clasificación. En este caso, se verificó que 43 responsables del cobro de dichos hogares cobraron el subsidio, lo que representa S/ 16,340.

La Contraloría identificó también que se utilizó como base principal para la elaboración del Padrón de los Hogares Beneficiarios (PHB) un Padrón General de Hogares (PGH) con deficiencias en la aplicación de la metodología e inconsistencias de orden técnico. Los factores que fueron considerados en la evaluación están relacionados a la afiliación a seguros de salud privados, tenencia de vehículos, ingresos del hogar, consumo en  servicios de electricidad y el cálculo del índice de focalización de hogares. Cabe precisar que el PGH contiene la clasificación socioeconómica de los hogares

Finalmente, el informe evidencia que Midis no establece en su normativa vigente la obligatoriedad y periodicidad con la que debe realizar el cruce de información del 100% del PGH con la data de fallecidos del Reniec para la actualización de los datos de los integrantes de los hogares.

El informe, cuyo periodo de evaluación comprende del 7 de mayo al 18 de junio de 2020, fue notificado al titular del Midis para que adopte las acciones correctivas correspondientes a fin de contribuir a garantizar la finalidad pública del Decreto de Urgencia Nº 027-2020 a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema.

Programa Juntos

Por otra parte, en el servicio de visita de control desarrollado al proceso de entrega del subsidio monetario de S/ 380.00 por parte del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos”, ejecutado del 22 de abril al 29 de mayo de 2020, se identificaron las siguientes situaciones adversas:

  • No se acreditan las gestiones ante el Midis para decidir sobre los 74,261 beneficiarios que no han cobrado el importe total de S/ 28´219,180, ni tampoco se evidencia que se hayan realizado actividades previas, formales y documentadas con las entidades financieras para viabilizar el oportuno pago.
  • Limitada coordinación del Programa Juntos con el Midis ocasionó el establecimiento de un cronograma de pago ajustado, lo que habría restringido que los beneficiarios del subsidio puedan efectivizar el cobro desde el primer día programado.
  • No se emitieron lineamientos operacionales oportunos para el otorgamiento del subsidio, ni protocolos de atención a los beneficiarios, lo que no coadyuvaría a las medidas adoptadas por el Estado ante la emergencia.

Los referidos hechos identificados se encuentran en el Informe de Visita de Control N° 032-2020-OCI/5512-SVC, el cual ha sido notificado al titular del Programa Juntos para que adopte oportunamente las acciones correctivas correspondientes.

Perú

Nelson Shack: Corrupción en Perú ocasiona pérdidas anuales de 23 mil millones de soles

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Nelson Shack Yalta, contralor del Perú. | Foto: Difusión.

La corrupción y la inconducta funcional siguen afectando a las labores del Estado y a todos los ciudadanos, quienes esperan acceder adecuadamente a los servicios y obras públicas, y en el año 2019 ocasionaron pérdidas al país por aproximadamente 23,000 millones de soles, anunció el contralor general Nelson Shack.

“El Perú tiene un problema de corrupción, pero no se trata de casos aislados sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema, es una corrupción estructural. Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y solo en el 2019 se estima que esta ascendería a más de 23,000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado, esa sería la pérdida que habríamos tenido todos los peruanos por problemas de inconducta funcional y corrupción”, indicó esta mañana el titular de la Contraloría General.

Explicó que dicho monto equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público del año pasado, y esa situación debe impulsar, entre otros aspectos, cambios a los reglamentos para la ejecución de obras para “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.

En ese sentido, recalcó que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin importar la función o el nivel jerárquico. “La ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”, afirmó enfáticamente.

Reactiva Perú

Consultado sobre el programa “Reactiva Perú”, que otorga garantías del Estado a créditos bancarios para empresas, indicó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) iniciará un servicio de control a dicha entidad para verificar si ha salvaguardado con velar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios de los préstamos.

“Una de las preocupaciones que ya hemos transmitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una orientación de oficio que se comunicó hace un par de semanas es precisamente saber qué medidas va a aplicar para garantizar el cumplimiento del objetivo del programa, que es promover el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores, asegurando la continuidad de la cadena de pagos en la economía peruana”, comentó.

Asimismo, adelantó que la Contraloría acompañará la ejecución del nuevo programa del Ejecutivo denominado “Arranca Perú”, con el objetivo de propiciar un adecuado uso de los recursos que se destinarán a dicha iniciativa, la cual busca impulsar la inversión pública en los sectores de Transportes, Vivienda, Agricultura y Trabajo.
El contralor general Nelson Shack consideró importante que la segunda etapa de Reactiva Perú focalice más recursos a microempresas y se cumplan obligaciones con trabajadores. “Reactiva Perú debe beneficiar a aquellas empresas que más requieren del apoyo del Estado” señaló durante su intervención.

Servicios de control a reguladores

El titular de la Contraloría reveló que próximamente se estarán acreditando diversas comisiones de auditores para supervisar el nivel de cumplimiento del rol de supervisión que realizan los organismos reguladores sobre el mercado privado.

“Nosotros nos podemos intervenir sobre el sector privado y es que el Sistema Nacional de Control tiene un ámbito exclusivo sobre el sector público. Sin embargo, ello no limita que también supervisemos el trabajo de los reguladores y esa es una nueva estrategia de control, que junto con la del COVID-19, vamos a desarrollar desde julio próximo”, mencionó.

En otro momento se refirió a las denuncias respecto de la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre supuestas autorizaciones ilegales para el funcionamiento de universidades privadas. Al respecto, el contralor general Nelson Shack mencionó que también se atenderán intensamente esta y otras situaciones en el marco del control gubernamental.

Finalmente, Shack Yalta agregó que en el marco de la Ley N° 31016, que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Contraloría ha desarrollado más de 5,500 informes de control correspondientes a diversos sectores como Salud, Educación, Transportes, entre otros, y en los cuales se han identificado situaciones adversas e irregularidades que han sido comunicados a las respectivas entidades para la adopción de medidas correctivas inmediatas.

“Ahora vamos a empezar una segunda etapa de la estrategia de control por la emergencia COVID-19 que es la del control posterior, es decir identificar individualmente a los funcionarios responsables de las distintas irregularidades en la vía administrativa, civil y penal a propósito de toda la información que hemos desarrollado durante los más de 5,000 informes de control”, comentó.

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Perú

Funcionarios de la Contraloría reducen sueldos para apoyar emergencia por COVID-19

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Convencidos de la importancia de la solidaridad entre los peruanos en este momento difícil para el país, y en el marco del reciente pronunciamiento de los organismos autónomos, más de 140 directivos y funcionarios de la Contraloría General voluntariamente decidieron autorizar un descuento temporal de sus remuneraciones y donar lo recaudado para atender urgentes necesidades de pacientes afectados con la COVID-19.

La reducción voluntaria de los sueldos de los directivos y funcionarios de la Contraloría se concretará en junio, julio y agosto del 2020 y el monto del descuento será el equivalente será de entre 10% y 20%, de acuerdo a sus categorías y niveles remunerativos.

La Contraloría General de la República reitera, en esta pandemia, su profundo compromiso de seguir trabajando por un adecuado uso de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos.

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Perú

Auditarán al Minsa por compra de mascarillas comunitarias

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Mascarillas comunitarias fueron adquiridas por el Ministerio de Salud. | Foto: Minsa/Flickr

La Contraloría General de la República realizará un servicio de control posterior ante el Ministerio de Salud (Minsa) por el proceso de compra de mascarillas de tela comunitarias, para lo cual se autorizó un presupuesto de S/ 35 millones según el Decreto de Urgencia N° 037-2020.

También se investigará el proceso de aprobación del documento de “Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales de uso comunitario” que sirvió para la elaboración de estos productos destinados a la población en situación de vulnerabilidad ante los contagios por COVID-19.

“Vamos a acreditar una acción de control posterior que va a analizar, primero si realmente estas mascarillas cumplen o no con las especificaciones que ha establecido el Minsa; y en segundo lugar, si realmente constituyen una barrera de protección eficaz”, dijo el contralor general Nelson Shack durante su presentación ayer en la sesión virtual de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso.

Asimismo, indicó que la Contraloría está a la espera de que el Minsa responda en los próximos días con las acciones correctivas solicitadas para superar o mitigar las observaciones detectadas en el Informe de Orientación de Oficio N° 023-2020-OCI/0191-SOO .

El informe recomienda que el documento denominado “Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario”, aprobado por Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA del 30 de marzo de 2020, requiere establecer precisiones y mejoras en algunos aspectos, a efectos de que las mismas brinden una mejor protección frente al COVID-19.

“La primera observación que tenemos es más administrativa y es que toda resolución ministerial que aprueba algo requiere de un informe de la asesoría jurídica y que se basa en un informe del área técnica. Lo que hemos notado es que el Informe N° 003-EMRJ-2020, elaborado por una profesional de Enfermería, no tiene fecha, y nos llama la atención que el informe ya cite a la resolución ministerial, lo cual no tiene un orden lógico”, dijo Shack.

En segundo lugar, el Contralor General precisó que luego del análisis de diversos documentos y opiniones de la Organización Mundial de Salud (OMS), Concytec y Senati, entre otras instituciones, se llegó a la conclusión de que el algodón no sería una opción óptima para la elaboración de mascarillas, ya que permite la entrada de diversos fluidos y no son resistentes a los líquidos, convirtiéndose en posibles fuentes de infección.

A esto se suma que el tejido de punto autorizado para la elaboración de las mascarillas en la resolución del Minsa no sería recomendable, por lo que correspondería mejorar esa especificación. También se advirtió que las terminologías usadas en las especificaciones técnicas no deben presentar términos en condicional, a fin de no generar confusión y dar a entender que no es obligatorio su cumplimiento.

“Nuestra preocupación es que estas especificaciones técnicas están siendo usadas no solo para la contratación de mascarillas con recursos públicos sino con todo tipo de contrataciones en todo el Perú”, refirió el titular de la Contraloría General.

Shack Yalta recordó que en cumplimiento de la Ley N° 31016, aprobada por el Congreso, la Contraloría está desplegando una serie de informes de control simultáneo, cuyo objetivo es advertir de una serie de riesgos y posibles situaciones adversas a las entidades públicas para que se adopten las respectivas medidas correctivas.

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